Plan de Seguridad Nacional

Problemática que ataca a la seguridad ciudadana según el autor:

En esta ocasión se realiza un análisis acerca del contenido del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de Perú para el periodo 2013-2018, según dicho documento, elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior de ese país, podemos indagar en la problemática que ataca la seguridad ciudadana en Perú, enfocando la atención en los siguientes apartados:

•          Factores que inciden en la violencia y el delito y sus efectos:

En el documento bajo análisis se destacan como factores de riesgo y agravantes la abundancia de jóvenes de estratos sociales marginales y la urbanización sin control, las familias disfuncionales, el desempleo, la globalización y la utilización de todos sus beneficios por parte del crimen organizado (modernización y evolución de la criminalidad), la pobreza y la desigualdad en la sociedad, la escasa legitimidad del estado y los conflictos armados, la drogodependencia y el narcotráfico, los escasos controles en la portación de armas, y la desensibilización de la sociedad que se empieza a “acostumbrar” a los escenarios violentos que ocurren en la cotidianidad, además, el mismo documento, pese a ser elaborado por una institución gubernamental, señala la marcada ineficiencia de las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana y la justicia, así como también encargadas de mantenerla. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2013) dice con respecto a lo anterior:

Entre las deficiencias institucionales, Basombrío identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conllevaría a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteración del fenómeno. (p.9).

De lo anterior se puede rescatar entonces que el mismo informe admite la falta de confianza de la ciudadanía y ahora del mismo gobierno estatal en el desempeño de los cuerpos de seguridad, a los que califican en este caso de incapaces y carentes de instrumentos en materia de conducción y administración del sistema policial, donde se destaca que el Estado no puede enfrentar a la delincuencia y a la impunidad que se caracterizan como factores importantes en Perú.

Además de lo anterior es evidente el papel que desempeñan los medios masivos de comunicación quienes según el mismo autor “venden la violencia en un nivel primario”, lo que causa que se magnifique una realidad insensibilizando a la población local y alertando a la internacional, lo que no colabora en la tarea de “erradicar” la delincuencia, algo que a todas luces no es posible, ya que hablar de erradicación en un fenómeno que es normal en las sociedades del mundo es una utopía, solamente se pueden reducir los niveles de violencia y criminalidad, pero hablar de erradicación no es viable. La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2013) menciona con respecto a la criminalidad en América Central lo siguiente:

Según el Banco Mundial, la principal causa de este fenómeno en América Central es el tráfico de drogas, pues los puntos calientes del narcotráfico tienen tasas que duplican las de bajo tráfico. Para los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el fácil acceso y el uso extendido de armas de fuego es el principal factor causal de los homicidios en América Central. También encontró cierta correlación entre ciertos indicadores sociales – Índice de Desarrollo Humano, Producto Bruto Interno per cápita y pobreza – y los homicidios. Además del tráfico ilícito de drogas y armas de fuego, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identifico que los bajos niveles de desarrollo humano y la debilidad del Estado de Derecho también contribuyen a los homicidios en el mundo. (pp. 9-10).

  

•          Problemas principales:

Según los datos expuestos, el estudio realizado sobre los homicidios en Lima expuso que la principal perpetradora, no fue la delincuencia común y organizada, ambas con un 31% del total, sino la violencia interpersonal (peleas y riñas) e intrafamiliar con un 41%, en los cuales, en casi la mitad de los homicidios, fueron cometidos por personas que la víctima conocía.

Según el Barómetro de las Américas, en 2012, Perú y Ecuador fueron los países donde destacó mayor victimización en la región bajo análisis, donde un 28.1% de las personas afirmaron haber sido víctimas de un delito durante los últimos doce meses.

Según el Barómetro de las Américas, en el 2012, Perú encabeza el ranking de temor, con un 48,6%, entendiendo que es el porcentaje de personas que sienten temor ante la posibilidad de ser víctimas de algún delito y de los países que consideraban la delincuencia como su principal problema, Perú, fue uno (de 11).

La desconfianza de la ciudadanía para con las instituciones encargadas de la seguridad es alta, un 60% de los encuestados señalaba que no confía en las instituciones encargadas de la seguridad, siendo la corrupción el problema que señala como el principal de los cuerpos policiales.

En el caso de Perú, las instituciones señaladas como las más corruptas según el documento bajo análisis fueron el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Congreso de la República y los partidos políticos, entre otros (en orden del más corrupto al menos corrupto).

Inexistencia de Políticas Criminales reales, además como lo dice la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2013):

El producto final del trabajo policial – la seguridad de las personas – depende principalmente de factores que están lejos del alcance de la policía. Las tasas de criminalidad varían mucho más en función de factores estructurales – como la pobreza, la desigualdad, los hábitats urbanos inadecuados y la desestructuración familiar – que como resultado del desempeño de la policía local. El mito de que cualquier problema de seguridad es resultado de una mala policía y que podría ser resuelto por una buena policía es simplemente eso, un mito recurrente, que sigue poblando las conciencias de mucha gente y los programas electorales de algunos candidatos.

•     Importancia que tiene el Plan Nacional de Seguridad en las políticas de prevención desarrolladas por los países del mundo:

La integración de la sociedad civil en un enfoque integral del problema de la criminalidad, es un actor requerido en el nuevo diseño de una Política Criminal donde la comunidad retroalimenta al sistema de justicia. En el caso Peruano, lo vemos implementado en el documento bajo análisis, además se mencionan conductas de vital importancia que eviten un sesgo del propósito real del plan de seguridad cuando el autor menciona que es necesario no policializar el abordaje de la inseguridad ciudadana, esto para poder dar una perspectiva más amplia del problema que no se puede solventar solamente con el trabajo policial, sino que requiere de múltiples actores de la sociedad civil para abordar el problema integralmente y dar una solución real.

Uno de los puntos que debe abordar el Plan Nacional de Seguridad es justamente una de las debilidades que fue detectada por el documento bajo análisis en Perú, que se visualiza cuando la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2013) menciona:

Actualmente, existe una inadecuada coordinación entre los operadores del sistema de justicia penal, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, entre otros, lo cual genera inconvenientes en el tratamiento de los procesos y en la investigación de delitos. (…) Esta situación genera además una sobrepoblación penal con internos que tienen la condición de procesados sin que se resuelva su situación jurídica en los plazos razonables, y en número superior a la cantidad de sentenciados. (…) Las cárceles en Perú entonces se han convertido en verdaderas escuelas del delito. Se genera y se potencia dentro de ellas la formación de bandas que desde el interior de las cárceles o una vez libres, organizan todo tipo de actos delincuenciales. (pp. 40-43).

La incorrecta comunicación entre entidades estatales por falta de un plan general como el mostrado por Perú es una problemática común en los diversos países que no han buscado dar un abordaje integral y multidisciplinario del problema de la criminalidad en América Latina, sino que solamente se han enfocado en las medidas punitivistas represivas y populistas de “mano dura”, estrategia que ha demostrado ser ineficaz en la región siempre que se ha implementado, es entonces donde las instituciones Judiciales, Administrativas, y Educativas deben contar con mecanismos ya estipulados para una comunicación optima y el cumplimiento del plan que en el país que se desee establecer, va a operar, sin la existencia de un Plan Nacional de Seguridad, esto no es posible, dado que cada periodo, los mecanismos de actuación deberían variar, en especial si tomamos en cuenta que el fenómeno criminal evoluciona, se adapta y reacciona a las políticas estatales en materia de seguridad, por lo que si el Plan de Seguridad se mantiene rígido, posiblemente las agrupaciones delincuenciales desarrollaran alguna especie de inmunidad para hacer frente a las medidas gubernamentales en su contra.

El impacto por ejemplo en la población estudiantil de secundaria y primaria, no debe verse apartado de un Plan Nacional de Seguridad, respecto a esto, es evidente la intervención del narcotráfico en poblaciones jóvenes, no solamente en Costa Rica, sino alrededor del mundo, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2013) menciona:

Desde una perspectiva evolutiva del consumo de drogas, existe una progresión que va desde el uso de drogas legales al inicio hasta el consumo de drogas ilegales, lo que también desencadena, en muchos casos, en la comisión de delitos y faltas. Este tipo de comportamientos se traduce en una alta deserción escolar, abuso de sustancias psicoactivas, problemas personales tales como impulsividad, oposición intensificada, mentiras compulsivas y una alta tasa de enfermedades de trasmisión sexual. Los jóvenes y adolescentes que tiene este tipo de comportamientos en su mayoría, provienen de familias desestructuradas y en situación de pobreza, en el seno de sus familias, ellos han vivido experiencias de violencia, abuso y abandono. (pp. 40-45).

Es entonces difícil de imaginar que un enfoque integral no sea requerido, en especial si tomamos en cuenta, que es desde el sistema educativo, donde más fácilmente los docentes pueden detectar estos casos en los que los delincuentes no son siempre los jóvenes como muchas veces la colectividad piensa, sino que al contrario son estos los que se encuentran en estado de vulnerabilidad ante los adultos que les incentivaron el consumo de sustancias ilícitas que les llevó a la drogodependencia, algo que en múltiples países del mundo es un ilícito ya que se puede tipificar como “corrupción de menores”; una situación que aparte de la vulnerabilidad que presentan ante la dependencia a una sustancia, puede ocasionar que agrupaciones del crimen organizado empleen a la población juvenil para sus fines bajo amenazas o coacciones e incluso ante la remuneración por medio de drogas ante la comisión de ilícitos, un escenario bastante amplio que solo será posible abordar de forma interdisciplinaria mediante el trabajo de diversos actores estatales.

Es importante destacar que toda política de seguridad debe cumplir con los estándares y tratados internacionales, por lo que no es posible evadir los Derechos Humanos con el propósito de emplear medidas violentas que aparte de equivocas, solo logran aumentar el temor dentro de la población civil y alejar a la ciudadanía de las autoridades por el miedo que generan, en lugar de representar protección.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2013), menciona la arquitectura institucional de la seguridad ciudadana en Perú de la siguiente forma:

•          Formulación de la Política Pública.
•          Prevención de la violencia y el delito.
•         Control y sanción.
•         Rehabilitación y reinserción social de los infractores.
•         Atención a las Victimas.
•          Evaluación y Supervisión de la política pública.

Lo positivo del presente plan, cuyos resultados de momento son desconocidos es que se hace un abordaje integral del problema involucrando a la sociedad civil, los diversos poderes del Estado Peruano, el aparato de salud y educación e incluso los Medios de Comunicación, agrupaciones de la sociedad civil y la Jurisdicción Militar, todo orientado al servicio del ciudadano, como se menciona en la página 67 del documento.

·         Conclusiones:

Si bien las intenciones de un proyecto de esta magnitud siempre son las mejores, dicen que los peores eventos en la humanidad, muchas veces ocurrieron bajo buenas intenciones, es por esto que es requerido una asesoramiento técnico-profesional amplio antes de elaborar un plan como el presente, si bien es cierto parece estar fundamentado en diversos estudios, iniciar una empresa de este nivel necesita aún más fundamentación teórica acerca de la realidad a tratar, hubiera sido positivo contar con mayor cantidad de datos provenientes de Organizaciones no Gubernamentales, estadísticas de entidades como las Naciones Unidas y la fundamentación de las medidas sugeridas en una mayor cantidad de datos externos, además, la planificación e integración de los diversos actores mencionados en el informe requiere de apartados propios para cada una de las entidades donde se explique ampliamente la forma en que se pondrá en marcha el proyecto del “plan” y no solamente describir de forma superficial la importancia de involucrar a ciertos actores en un procedimiento articulado, en especial en un escenario donde el mismo plan es enfático al mencionar al poca credibilidad que tienen las instituciones del país por parte de una ciudadanía que los mira con cierto recelo, y además en un Estado donde el mismo informe menciona una imperante corrupción arraigada, un proyecto de este calibre, requiere de recursos económicos, logísticos y humanos, amplios, por lo que el tema de la corrupción puede ser en parte alarmante si no existieran los controles que permitan una fiscalización adecuada del uso de los recursos por parte de las autoridades, un organismo auditor externo, podría evitar situaciones bochornosas para el gobierno de turno que piense en implementar el plan, algo que entidades como la Organización de las Naciones Unidas, mediante los diversos órganos de los que dispone, puede ejercer de forma adecuada, imparcial y especializada, dando informes y sugerencias de cambios al rumbo que el Estado Peruano de a los recursos en cuestión, además y como lo menciona el mismo documento, la inseguridad ciudadana y la criminalidad en ocasiones son posicionados como el principal problema de un país, sin embargo no significa que lo sea, y en todo caso si se le coloca como prioridad, se debe tener una perspectiva objetiva y critica donde se entienda, que el origen de la criminalidad no está en bandas criminales o el narcotráfico, sino que múltiples problemas sociales, como la falta de escolaridad, desempleo, pobreza, desigualdad e inclusive la misma represión estatal, estos constituyen factores significativos en la aparición del fenómeno criminal, por lo que un abordaje del mismo, que se enfoque en el origen, puede tener un mejor efecto, que un combate frontal del problema, medida que puede ocasionar problemáticas más graves, como en el caso de México, que en su “guerra contra el narcotráfico”  al día de hoy ha dejado una cantidad alarmante de víctimas civiles donde los perpetradores, no siempre han sido las agrupaciones criminales.

Caso México:

La implementación de medidas de “mano dura”, se ha mostrado ineficaz para combatir la delincuencia y el crimen organizado con el pasar del tiempo, múltiples países han buscado la solución de sus problemas de criminalidad tratando de formas severas a los trasgresores de la ley sin obtener resultados positivos y lo controversial es que pese a esto, aun las autoridades siguen intentando establecer este mecanismo pese a los resultados obtenidos con anterioridad, lo que genera la pregunta de ¿Por qué se sigue implementando una medida que se sabe que es ineficaz?, creo que la respuesta aún no se conocerá, pero al menos por parte de la Criminología como ciencia empírica encargada del estudio del fenómeno criminal, se sabe que la principal herramienta para lograr reducir los índices de criminalidad es un abordaje integral del fenómeno cuyo principal propósito sea la prevención, y no mediante un enfoque represivo, el ejemplo más reciente de las consecuencias de afrontar la criminalidad mediante estrategias violentas desmedidas, lo podemos observar en México, país en el cual el Estado, decidió implementar una política de “guerra contra el narcotráfico”, una en la cual se despliegan fuerzas militares para intervenir a la criminalidad, los resultas fueron un completo fracaso, y la cantidad de víctimas civiles inocentes producto de los enfrentamientos se cuentan por miles, respecto a esta realidad CNN en Español (2017) narra:

Fue el segundo conflicto más mortal del mundo el año pasado, pero apenas fue registrado en los titulares internacionales. Mientras que Siria, Iraq y Afganistán dominaban las agendas de las noticias, la guerra contra las drogas en México cobró 23.000 vidas durante el 2016, después de Siria donde murieron 50.000 personas como resultado de la guerra civil. (…) Las guerras de Iraq y Afganistán cobraron 17.000 y 16.000 vidas respectivamente en 2016, aunque en letalidad fueron superadas por los conflictos en México y Centroamérica, que han recibido mucha menos atención de los medios de comunicación y la comunidad internacional.

El resultado de una política criminal equivoca puede costarle caro a la sociedad civil en números de víctimas inocentes, y las múltiples investigaciones de organizaciones no gubernamentales cuyo tema central son las “desapariciones forzosas” deja bastante material para trabajar en el terreno de los derechos humanos y abusos de autoridades estatales. El poder del Estado debe siempre encontrarse bien distribuido para evitar vergonzosos escenarios como los que en el mundo contemporáneo, ocurren en México y que han involucrado en escándalos a las fuerzas encargadas de velar por la ley y el orden, casos como el de los normalistas que fueron ultimados por personal estatal mexicano son tan solo uno de los cientos de casos que reflejan un mal manejo de la problemática por parte las autoridades de un país.

 ·         Bibliografía:

- Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Ciudadana (2013). Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018: Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana. Lima,  Perú: Ministerio del Interior de la República del Perú.

- CNN en Español (2017). México fue el segundo país más mortífero en 2016. Julio 09, 2017. De CNN en Español. Sitio Web: https://www.google.com/amp/cnnespanol.cnn.com/2017/05/09/mexico-fue-el-segundo-pais-mas-mortifero-en-2019-amp/